Lo dio a conocer hoy el vocero presidencial Manuel Adorni
El gobierno ha vuelto a anunciar con gran despliegue mediático una nueva auditoría sobre los beneficios destinados a personas con discapacidad, una práctica que se ha vuelto recurrente en los últimos años. Si bien las autoridades presentan estos controles como un triunfo en la lucha contra la corrupción, los resultados muestran que las irregularidades detectadas son mínimas, lo que pone en duda la real necesidad de insistir en estas medidas.
Detrás de este enfoque, muchos ven una estrategia para justificar el desmantelamiento de políticas públicas que garantizan derechos a quienes más lo necesitan.
En los últimos años, las auditorías a personas con discapacidad se han convertido en una constante. Cada vez que se anuncian, el gobierno las presenta como una herramienta clave para combatir el fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Sin embargo, los datos revelan que los casos de irregularidades son escasos, lo que lleva a cuestionar el verdadero objetivo de estas medidas. ¿Se trata de un control genuino o de una forma de desincentivar el acceso a beneficios sociales?
Organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad han manifestado su preocupación por el tono con el que se comunican estas auditorías. «El mensaje que se envía es que las personas con discapacidad son sospechosas de fraude por defecto, lo que estigmatiza y desalienta a quienes realmente necesitan apoyo», señaló un representante de una ONG local. Además, destacaron que estas acciones parecen apuntar más a reducir el gasto público que a garantizar la transparencia.
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar que los recursos lleguen a quienes los necesitan, pero también debe evitar que estas políticas se conviertan en un obstáculo para acceder a derechos básicos. Las personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales que limitan sus oportunidades, y en lugar de fortalecer el apoyo, estas auditorías recurrentes generan incertidumbre y desconfianza.
Lo que parece esconderse detrás de estas medidas es una visión que rechaza un Estado presente y activo en la vida de quienes más lo necesitan. En lugar de celebrar la baja tasa de irregularidades como un éxito de las políticas públicas, el gobierno insiste en un relato que prioriza el control sobre la inclusión. Mientras tanto, las personas con discapacidad y sus familias siguen esperando que el Estado no solo audite, sino que también garantice oportunidades reales y un acceso equitativo a los beneficios que les corresponden.
En un contexto donde la inclusión debería ser prioridad, estas auditorías parecen más un intento de justificar recortes que una herramienta para construir una sociedad más justa. La pregunta que queda en el aire es: ¿el gobierno está realmente interesado en proteger los derechos de las personas con discapacidad, o solo en reducir su presencia en la vida de quienes dependen de él?