En un contexto económico cada vez más adverso, miles de jubilados en distintas comunas del país se ven obligados a realizar largos y costosos viajes para cobrar sus haberes.
En diversas comunas de todo el país, jubilados y jubiladas se enfrentan a un obstáculo que parece invisible para quienes viven en grandes centros urbanos: la distancia y la falta de servicios cercanos para acceder a sus jubilaciones. En las localidades donde no haya cajeros automáticos ni bancos tendrán que viajar a otros distritos.
A partir de la decisión del Banco Central de no reconocer a las comunas como entes habilitados para realizar pagos y tras la ruptura del convenio entre la repartición y Correo Argentino, quienes cobren haberes previsionales ya no podrán percibir los ingresos mensuales en su pueblo y tendrán que viajar a la localidad más cercana donde haya banco o cajero automático
Estas personas, que ahora dependen de su pensión para sobrevivir, se ven forzadas a recorrer grandes distancias para llegar a las pocas sucursales de ANSES disponibles o a los cajeros automáticos donde pueden retirar su dinero.
Esta situación refleja una desconexión profunda entre las políticas públicas y las necesidades reales de la población más vulnerable. El cierre de sucursales y la centralización de servicios en grandes ciudades ha dejado a miles de jubilados en una situación de aislamiento y precariedad. La falta de infraestructura adecuada, sumada a la insuficiente conectividad para realizar operaciones bancarias de manera digital, agrava aún más esta problemática.
En este contexto, la presencia del Estado se vuelve fundamental. No se trata solo de garantizar que los jubilados reciban su dinero, sino de asegurar que puedan hacerlo de manera digna y sin tener que enfrentar barreras adicionales que aumenten su vulnerabilidad. Un Estado presente debería implementar políticas que garanticen el acceso equitativo a los servicios básicos, sin importar la ubicación geográfica de los ciudadanos.
Las posibles soluciones deben ser integrales y adaptadas a las realidades locales. Mejorar la infraestructura de servicios, ampliar la red de cajeros automáticos, asegurar la conectividad digital en todo el país y reabrir sucursales en zonas desatendidas son solo algunas de las medidas que un Estado comprometido debería considerar. Además, es crucial que las políticas públicas se diseñen con un enfoque inclusivo, asegurando que todos los ciudadanos, especialmente los jubilados, puedan ejercer sus derechos sin enfrentar obstáculos insalvables.
La situación de los jubilados que deben viajar largas distancias para acceder a sus haberes es un recordatorio de la importancia de un Estado que no solo esté presente en los grandes centros urbanos, sino en cada rincón del país. Un Estado que garantice que todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan, puedan disfrutar de una vejez digna y sin privaciones, es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa.