El gobierno ha reglamentado una reforma laboral que introduce cambios radicales en la forma de gestionar las relaciones laborales, particularmente en lo que refiere a las indemnizaciones por despido. Uno de los puntos más controvertidos es la creación del «fondo de cese», un esquema que sustituye las clásicas indemnizaciones por despido, y que se determinará mediante la negociación colectiva.
Este fondo puede financiarse no sólo con aportes de los empleadores, sino también de los propios trabajadores, quienes podrían verse obligados a costear su propio despido. A partir de esta nueva normativa, los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) podrán establecer montos, plazos y modalidades de pago sin garantía de un mínimo, lo que implica un cambio significativo respecto a la protección tradicional establecida por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
El nuevo sistema es optativo para los empleadores, quienes pueden seguir utilizando el régimen anterior si lo consideran más ventajoso. Sin embargo, los trabajadores que rechacen el fondo de cese podrían enfrentar dificultades para firmar sus contratos.
Este modelo ha generado preocupación en sectores sindicales y trabajadores, al ver comprometido el derecho a la protección contra el despido arbitrario, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La incertidumbre sobre los montos finales y la posibilidad de que se reduzcan significativamente las compensaciones al trabajador despedido, han puesto en alerta a varias organizaciones.
Esta reforma, que algunos critican por su semejanza con el sistema de la construcción, representa un retroceso respecto a las garantías laborales vigentes desde 1934, afectando directamente los derechos de los trabajadores en Argentina.