Radio CAMCo a través del programa “Todas las voces” dialogó con Eduardo Toniolli, quien realiza una presentación para que se investigue lo que pretende cobrar el presidente de la corte suprema Rosenkrantz por el juicio al estado nacional.
El Diputado Nacional hará una solicitud a la Fiscalía de Estado sobre el acceso al expediente que realizaron dos estudios jurídicos que piden un pago de honorarios actualizado al día de hoy por un monto de 25 mil millones de pesos.
Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de la Nación y Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia fueron contratados en forma directa por el ex gobernador Hermes Binner en 2008, para patrocinar a la provincia de Santa Fe en el juicio por la coparticipación contra el Estado Nacional.
Al respecto Toniolli comentó:
Esta es la foto de una película que ya lleva varios años y que se inició como bien vos decías cuando arrancó el juicio de la provincia de Santa Fe contra el Estado Nacional por la detracción de fondo de la masa de fondos coparticipables con destino a las políticas del ANSES.
En ese momento Ernest Binner inicia este juicio y contrata dos estudios de abogados uno conducido por Ricardo Gil Lavedra, reconocido dirigente radical que además en ese momento era el cuñado de un funcionario de primera línea del Ministerio de Justicia de la Provincia de Santa Fe, es decir había también una relación familiar entre quien contrataba este servicio y quien los prestaba; y al estudio de Rosenkrantz que hoy es integrante de de la corte suprema.Fue sin ningún tipo de licitación fue una contratación directa y además que se realizó para llevar adelante tareas en el marco de un litigio judicial que bien podría haber hecho Fiscalía de Estado.
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Además comentó cómo se inició la investigación:
Nosotros en el 2015 a partir de versiones periodísticas que ventilaron esta situación hicimos un previo informe que en su momento no fue respondido por el gobierno de Antonio Bonfatti.
Dos años después cuando Rosenkrantz ya era integrante de la corte pide regulación de honorarios a la misma corte es decir, tanto Rosenkrantz como Gil Lavedra le piden a la corte regulación de honorarios con la particularidad de que Rosenkrantz en este caso estaba de los dos lados del mostrador.
Nosotros pretendemos como mínimo que Rosenkrantz se excuse de definir con respecto a este tema pero que también lo hagan sus colegas integrantes de la Corte Suprema.Ningún funcionario de los gobiernos provinciales en ese momento del Frente Progresista argumentaron en torno a la contratación de todos los estudios.
Segundo significa un negocio multimillonario para esos estudios repito realizados a dedo sin sin ningún tipo de proceso ni compulsa licitatoria.
Entonces en este marco hay fuertes cuestionamientos hasta esta situación, que abre otra discusión acerca de estos estudios que giran alrededor de la Corte Suprema y que ofrecen sus servicios donde hay actores que aparecen de un lado y del otro lado de del mostrador en distintos momentos.
La regulación de honorarios eran en el 2017 18.000 millones, en la evolución de eso da cuenta de aproximadamente sería 25.000 millones, que es el 20% de lo que va a cobrar la provincia de Santa Fe en conceptos por el resultado de este juicio, después la Corte tiene que y efectivamente decidir si se les da eso y si lo pagan nación o si lo paga provincia, y en la lógica es lo que veníamos diciendo recién a nosotros poco nos importa si lo pagan nación o si lo paga provincia porque en todo caso se trata de producto una decisión política muy cuestionable ética y jurídicamente.
El monto representaría hoy para la provincia tres veces el monto que se utiliza para la política del boleto educativo.
Dos veces lo que utiliza el plan incluir que genera obras de infraestructuras en toda la provincia.
Es exactamente el mismo monto lo que dispone el Estado Nacional para las políticas de seguridad pública en la provincia de Santa Fe para las fuerzas federales por año.
Nota completa: https://archive.org/details/eduardo-torioli-diputado-nacional-13.4
